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Para la mayoría de los negocios, la sociedad limitada: limita la responsabilidad de los socios a lo aportado y hoy puede constituirse con un capital mínimo de un euro, aunque con cautelas mientras no alcance los 3.000 €. La sociedad anónima tiene sentido para proyectos con muchos inversores o con intención de cotizar. Antes de elegir conviene decidir cómo se reparten el control y los beneficios, y qué ocurre si un socio quiere salir.

Para regular lo que los estatutos no dicen o no conviene hacer público: cómo se toman las decisiones importantes, qué ocurre si un socio quiere vender o fallece, cómo se resuelven los bloqueos y qué no puede hacer cada socio por su cuenta. Se firma al entrar en la sociedad, cuando todos están de acuerdo, precisamente para no tener que negociarlo cuando ya no lo están.

Es el acuerdo con el que una familia empresaria ordena la relación entre la familia y la empresa: quién puede trabajar en ella y en qué condiciones, cómo se elige a quien la dirige, cómo se transmiten las participaciones y cómo se prepara el relevo generacional. Bien hecho, previene los conflictos que más empresas familiares cierran, y se coordina con los testamentos y con la planificación fiscal de la sucesión.

Cuanto antes se actúe, más opciones hay. La ley permite negociar con los acreedores un plan de reestructuración antes de llegar al concurso, y el concurso, si llega, busca un convenio o una liquidación ordenada. El administrador tiene además el deber de solicitar el concurso en plazo cuando la sociedad es insolvente, y no hacerlo puede acarrearle responsabilidad personal. Analizamos la situación y proponemos la vía que protege mejor a la empresa y a quien la dirige.